Peje Loser

Andrés Manuel López Obrador emprendió ayer el que seguramente será un camino sin regreso en lo que ha dado en llamar la defensa de la democracia y el voto ciudadano: anunció cinco grandes líneas de gobierno para evitar “que una minoría rapaz lo tenga todo”, y otras cinco nuevas acciones de resistencia civil pacífica “que pueden durar años”, incluida la permanencia de plantones en el zócalo capitalino y en el corredor centro histórico-Paseo de la Reforma hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordene un recuento total de sufragios, luego de que ayer concluyó el parcial en el que, según dijo, se encontraron “graves irregularidades”.
El perredista tabasqueño instó también a sus partidarios a movilizarse y plantarse ante la máxima instancia electoral si ésta resuelve otorgarle la constancia de ganador a Felipe Calderón, y también en la sede de la Cámara de Diputados el próximo 1 de septiembre a la que “el traidor a la democracia”, como volvió a calificar al presidente Vicente Fox, acudirá a rendir su sexto y último Informe de Gobierno, proponiéndoles permanecer en la plaza de la Constitución el 15 de ese mes “para dar el grito de Independencia” y participar al día siguiente en una “Convención Nacional Democrática para determinar el rumbo de la resistencia civil”, lo que podría llevarlo a una confrontación más, ahora con el Ejército, por el tradicional desfile militar.
Con un estruendoso y prolongado “¡síiii!”, sus partidarios y simpatizantes apretujados en la plancha de concreto del zócalo, entre campamentos instalados ahí, expresaron su acuerdo con las medidas, gubernamentales y de resistencia civil pacífica que López Obrador les propuso. “En nombre de la democracia”, ofreció combatir pobreza y desigualdad; defender el patrimonio de la nación y no permitir la privatización de la electricidad, petróleo, educación y seguridad pública; hacer valer el derecho a la información “porque la tarea de los medios de comunicación es de interés público”; enfrentar corrupción e impunidad, y renovar de manera tajante todas las instituciones civiles “hoy secuestradas por una camarilla enferma”.

A seis meses de revelarse un audio que demostró la presunta violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, las Redes Ciudadanas de la capital poblana realizaron el día de ayer una asamblea en el zócalo de la ciudad para recordar este hecho y denunciar la impunidad que goza el mandatario Mario Marín Torres.
Con el título de “Seis meses de impunidad de Marín” se llevó a cabo una asamblea en el centro de la ciudad, así como un festival cultural, quienes exigieron una vez más la salida del gobernador poblano, pues su permanencia en el cargo es “moralmente imposible”.
El 14 de febrero del año en curso se hizo pública una grabación del gobernador Mario Marín con el empresario de origen libanés, Kamel Nacif Borge, donde se evidenció que la justicia poblana actuó a favor de este último para detener a la periodista Lydia Cacho.
Samuel Malpica Uribe, integrante de las redes ciudadanas, aseguró que no sólo es necesario la salida del gobernador del estado sino de la procuradora General de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda Martínez. Durante el mitin se insistió en las renuncias del gobernador Marín y de la Procuradora General de Justicia del estado, Blanca Laura Villeda Martínez pero también se propusieron reformas legislativas para que el titular de la Procuraduría sea nombrado por el Congreso del Estado y no por el gobernador. "Para evitar que esté a su servicio como siempre ha ocurrido". Las propuestas alcanzaron la reforma electoral donde se sugirió incluir las figuras del referéndum y el plebiscito para evaluar el desempeño de las autoridades.A propósito de los seis meses del escandalo Cacho-Marín, a diferencia del avance que registra el análisis del tema en instancias como la Suprema Corte y la Cámara de Diputados, en el poder legislativo local la mayoría priísta logró debilitar la polémica al mantener en el archivo las solicitudes de juicio político contra el mandatario estatal.

"Enriquecimiento ilícito del PEJE a base de la deuda del DF."la deuda del Distrito Federal pasó de 28 mil 650 millones de pesos al fin de 2000 a 45 mil 088 al término de 2005. ¿Es mucho? se endeudó de manera irresponsable bajo el Gobierno del PEJE por lo que cabría esperar un desastre en caso que llegue a la Presidencia.
Andrés Manuel López Obrador, quien durante su gestión ha incrementado en 50 por ciento la deuda local, para ubicarla en 42 mil 310 millones de pesos dejará a los capitalinos y a quien ocupe su lugar el próximo sexenio en una situación de riesgo, pues se aproximan fechas para hacer fuertes pagos al tiempo que el GDF mantiene sus ingresos estancados.Así lo revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la más reciente revisión al rubro de endeudamiento, cuyos resultados entregó recientemente a la Cámara de Diputados.La ASF advierte que “se detectó que, en el mediano plazo, la sostenibilidad fiscal se verá afectada negativamente, ya que los ingresos disponibles se han estancado, mientras que el nivel de pagos del servicio de la deuda se incrementará significativamente”.Los años de riesgo para el Distrito Federal, identificados por el órgano fiscalizador, son 2007, 2008 y 2009, ya que en ese periodo de tres años los requerimientos de recursos para hacer frente a las amortizaciones superarán el promedio anual (ubicado en los dos mil 547 millones de pesos), de acuerdo con la curva de vencimiento de la deuda.Son principalmente dos las razones que impactan las finanzas del gobierno del tabasqueño: primero, su incapacidad de incrementar los ingresos principalmente los tributarios y, segundo, las tasas a las cuales contrató sus empréstitos.